Coyuntura en Bolivia

Noviembre de 2025

La coyuntura boliviana revela un momento crítico de transición. El gobierno nacional como actor central y sin base social de sustentación busca implementar ajustes coyunturales y reformas estructurales en medio de una sociedad agobiada por la crisis, un aparato estatal en crisis fiscal y actores sociales corporativos con alta capacidad de movilización.

Resumen Ejecutivo

Bolivia atraviesa una coyuntura marcada por una crisis multidimensional donde convergen fragilidad económica, conflictividad social y reconfiguración política. El gobierno de Paz-Lara inicia su gestión con una ofensiva discursiva contra la administración anterior, denunciando un “desfalco histórico” estimado en más de 15.000 millones de dólares, aunque sin presentar informes técnicos ni metodologías verificables. Esta narrativa funciona como dispositivo político para justificar un periodo de ajustes y legitimación inicial de reformas impopulares.

En materia económica, el país enfrenta su primera recesión en casi cuatro décadas (–2,5% del PIB en el primer semestre de 2025), un déficit fiscal proyectado entre 9% y 13% del PIB, deuda pública equivalente al 78,5% del PIB, inflación cercana al 23%, y una crisis aguda por subvenciones a combustibles que absorben hasta 8% del PIB. El Ejecutivo Nacional anuncia la eliminación gradual de la “subvención ciega”, medida necesaria pero socialmente riesgosa, recordando precedentes de conflictividad como el “gasolinazo” de 2010. A pesar del deterioro estructural, el Gobierno Nacional destaca señales iniciales de estabilización como la baja en el dólar paralelo y la reducción del riesgo país, aunque estas tendencias requieren confirmación empírica.

En el campo político, la administración Paz impulsa un reordenamiento institucional centrado en lucha anticorrupción, austeridad fiscal y reforma administrativa. Paralelamente, se inaugura un proceso de Reforma Judicial, con acuerdos preliminares en normativa, presupuesto, digitalización y carrera judicial; sin embargo, persisten dudas sobre la voluntad real de los actores para llevarla a cabo. El Vicepresidente Lara emerge como un liderazgo nacional-popular, construyendo conexión directa con sectores populares, lo que genera tensiones internas y críticas en las élites conservadoras.

El clima de conflictividad social que hasta mayo de 2025 registró más de 500 conflictos, se ha distendido. La crisis económica explica cerca del 30% de las protestas, y las expectativas frente al nuevo Gobierno solo postergan, pero no eliminan, la posibilidad de una ola de movilización. En la oposición, el liderazgo de Evo Morales está debilitado, pero su base cocalera y sindical mantiene capacidad de bloqueo nacional. En el Parlamento, el Gobierno depende de una coalición frágil y heterogénea, donde las alianzas tácticas con Libre y otros fuerzas políticas serán decisivas para la aprobación de reformas estructurales.

En el plano estratégico, el Gobierno propone una transición del modelo nacional productivo, social comunitario; hacia un modelo orientado a la inversión privada y la apertura externa (“capitalismo para todos”), con cambios en minería, hidrocarburos e inversión. Sin embargo, persisten limitaciones severas de seguridad jurídica, especialmente la no adhesión al CIADI[1], la debilidad institucional y la conflictividad territorial.

La coyuntura boliviana revela un momento crítico de transición, donde un Gobierno Nacional sin base social mayoritaria, busca implementar ajustes estructurales en medio de una sociedad expectante, un aparato estatal debilitado y actores corporativos con alta capacidad de movilización. Los próximos seis a doce meses serán determinantes para evaluar si el país logra una senda de estabilización con acuerdos mínimos o si ingresa en una fase de ingobernabilidad creciente, marcada por protestas, bloqueo institucional y erosión acelerada de la legitimidad gubernamental.

La «Autopsia del Estado»

En conferencia de prensa del 16 de noviembre, el presidente Paz presentó hallazgos que califican como catastróficos para la institucionalidad boliviana. Según investigaciones preliminares realizadas durante la primera semana de gestión, el daño económico acumulado por presuntos actos de corrupción durante los gobiernos del MAS supera los 15.000 millones de dólares. Esta cifra, que Paz describió como «espectacular» y de «daño histórico», constituye una magnitud sin precedentes en la historia política nacional.^[1]^[2]^[3]

Sin embargo, la noticia bomba suena como un ataque directo al régimen anterior, pues el Presidente no presentó ningún informe técnico-legal, ni la metodología aplicada para identificar semejante hallazgo. El Presidente Paz enfatizó que estos hallazgos «seguirán incrementándose» conforme avanzan las auditorías en ministerios e instituciones, caracterizando la situación como una «autopsia» de un «Estado muerto» capturado por «redes de corrupción y derroche sistemático».^[2]^[3] A la luz de la coyuntura y de su brevísimo tiempo de gestión del Ejecutivo Nacional, esta narrativa fiscal, suena más a una estrategia política fundada en la denuncia, con el propósito de ganar tiempo de espera y de tolerancia de los sectores que seguramente serán perjudicados con las reformas que se inician.

Reordenamiento Institucional

El Gobierno estructura su intervención inicial en tres líneas declaradas.^[1] 1. Persecución de la corrupción sin impunidad: El Ejecutivo promete denuncias formales respaldadas por pruebas, rechazando la «persecución política» que, según su narrativa, caracterizó a administraciones anteriores. 2. Desmantelamiento del «Estado tranca»: Mediante decretos y resoluciones, se busca agilizar trámites, reducir «beneficios ineficientes» de funcionarios públicos y eliminar lo que Paz denomina «gastos superfluos» (estimados en más de 1.300 millones de dólares anuales).^[4] 3. Reordenamiento fiscal con enfoque en inversión: Redistribución presupuestaria hacia servicios esenciales y proyectos productivos, bajo el principio de que «una casa ordenada genera empleo».^[2] Estos ejes reflejan una orientación neoliberal encubierta en un discurso de unidad nacional, que en la práctica no se observa la participan los sectores sociales y populares importantes en cualquier proceso político de reformas y cambios.

Panorama Macroeconómico

La administración de Rodrigo Paz recibe un panorama económico de profunda insostenibilidad. Bolivia presenta en lo que va del año, su primera recesión en 39 años, con una contracción del PIB de 2,5% (a junio de 2025). Los déficits fiscales acumulados durante 2024 y 2025 han alcanzado niveles críticos.^[5] En 2024 Déficit global del 10,1% del PIB^[6] Enero-julio del 2025 déficit de 4,64% del PIB^[6] La Proyección del déficit para la gestión del 2025 estaría entre 9,2% a 13% del PIB, siendo la más alta de la región^[7]^[8] La deuda pública (interna y externa) ha alcanzado el 78,5% del PIB a julio 2025, y un proceso inflacionario que alcanza el 23% interanual durante 2025.^[8]^[6] Uno de los mayores desafíos estructurales radica en las subvenciones a combustibles, que representan entre el 4% y 8% del PIB. Los montos ejecutados han escalado dramáticamente: de 627 millones de dólares hace cuatro años a aproximadamente 2.400 millones de dólares en 2024.^[9] El Ministerio de Economía ha confirmado el inicio de una política de «eliminación gradual de la subvención ciega», con mecanismos de compensación aún en evaluación. Esta medida, aunque proclamada como necesaria para la sostenibilidad fiscal, genera tensiones distributivas que potencialmente desatarán conflictividad social, especialmente entre transportistas, pequeños empresarios y sectores populares urbanos que dependen de precios subsidiados.^[10] Los antecedentes históricos son reveladores. En el año 2010, cuando el Gobierno de Morales intentó suprimir subsidios, generó protestas masivas que obligaron a la reversión de medidas.^[4] A pesar del panorama desfavorable, Paz ha comunicado tendencias positivas tras una semana de gestión:^[11] Estabilización del dólar paralelo. Reducción de la cotización del tipo de cambio en mercados secundarios. Caída del riesgo país de más de 1.000 puntos a 850 puntos.

El Papel de la Oposición

La actuación de Evo Morales en esta coyuntura es más que tangencial y no efectiva debido a su brutal desgaste político y de imagen. Según algunas fuentes, los evistas no «tolerarán cambios en la Constitución ni pérdida de derechos» y se «sumará a protestas de centrales obreras».^[20]^[5]

En la Asamblea Plurinacional, existe una composición funcional pero no monolítica al proyecto del gobierno de Paz. El apoyo de Quiroga líder de Alianza Libre, fue mediático y estratégico. Doria medina líder de Unidad ha logrado una posición estratégica en el gobierno nacional a través de sus arfiles como el ministro Lupo. Se espera las medidas económicas y las reformas estructurales para tomar el pulso de la gobernabilidad parlamentaria y, principalmente, de la territorial y social.

El principal reto político del Vicepresidente Lara será lograr la concertación y consenso – en los tiempos políticos adecuados – en la aprobación de las reformas y leyes del nuevo ciclo político y económico. El Vicepresidente Lara, quien, a través de una comunicación política directa con sus electores, construye un liderazgo de tipo nacional popular que ya no gusta a sectores tradicionales y conservadores. Esta actuación del Vicepresidente no se la debe tomar como improvisada e inmadura, si no, como parte de una estrategia política que tiene como objetivo colocar al Vicepresidente en comunicación directa con los sectores que lo votaron, mientras el Presidente Paz se encarga de “poner orden en la casa”.

Del Modelo Nacional Productivo al «Capitalismo para Todos»

El Gobierno anuncia un cambio del modelo económico. Las propuestas incluyen:^[4] Promoción de inversión extranjera mediante marcos de seguridad jurídica. Modificación de leyes de Minería, Hidrocarburos, Inversiones. Creación de Ley de Evaporíticos para explotación de litio y derivados. Descentralización presupuestaria mediante «Agenda 50/50».^[4]

Paz ha enfatizado que Bolivia recibió en 2024 apenas 240 millones de dólares en inversión directa extranjera, mientras Sudamérica en su conjunto recibió 115 mil millones. Esta brecha refleja décadas de inseguridad jurídica, nacionalismo de recursos, e instituciones débiles.^[21]^[22] El Gobierno promete remediar esta situación mediante señales de respeto a propiedad privada, estabilidad legal, y apertura a inversión transnacional. Sin embargo, persisten obstáculos estructurales. Bolivia continúa fuera de los marcos de arbitraje internacional (CIADI), lo cual reduce capacidad de resolución de controversias con inversionistas.^[23]

El Presidente Rodrigo Paz firmó el Decreto Supremo Nro. 5488 del 16 de noviembre del 2025 con el objeto de realizar modificaciones e
incorporaciones en el Decreto Supremo N° 4857, de 6 de enero de 2023, Organización del Órgano Ejecutivo. La anunciada reforma administrativa del «Estado Tranca» quedó corta, pues este decreto 5488 elimina solo 2 de los 5 ministerios que se prometió eliminar en campaña.

Actores Protagonistas, Aliados y Opositores

Gobierno (Paz-Lara). Actúa con línea de «anticorrupción» y «reordenamiento institucional», con cierta incertidumbre sobre la capacidad de implementación, y a la par, un liderazgo actuante y novedoso del vicepresidente Lara. Empresariado y sectores exportadores. Aliados del Gobierno, demandantes de seguridad jurídica e inversión y otros beneficios. Transportistas y gremiales. Actores con poder de convocatoria que pueden aliarse o confrontar según las negociaciones con el gobierno nacional y el impacto de políticas de eliminación de los subsidios. Trabajadores urbano-populares (obreros, mineros). Históricamente alineados con el MAS; en proceso de rearticulación. Evo Morales y sectores cocaleros del Chapare. Oposición desde la movilización, con capacidad de paralización nacional. Instituciones internacionales (FMI, CAF, organismos multilaterales). Actores condicionantes de financiamiento y credibilidad.

Conclusiones y Perspectivas

Bolivia experimenta una coyuntura de crisis que impone un conjunto de reformas que pueden en cualquier momento activar la conflictividad social. La transición de 20 años de gobiernos del MAS a la nueva administración centroderechista marca la reconfiguración del estado y del modelo económico. Sin embargo, esta transición enfrenta obstáculos. Fragilidad del Ejecutivo. La actuación del Vicepresidente. Una coalición heterogénea y frágil en la Asamblea Plurinacional. El Tesoro del Estado sin liquidez lo que podría resultar en una debilidad para que el Gobierno Nacional logre resultados en los tiempos políticos pertinentes. Conflictividad estructural contenida pero latente. Dependencia de sectores tradicionalmente fuertes y conflictivos y, el poder de convocatoria que todavía tiene Evo Morales. Dilemas distributivos irresolubles. Eliminación de subsidios requiere para la legitimación política y social de medidas compensatorias, pero el presupuesto nacional ya está agotado. Profundización de inseguridad jurídica. Aunque Paz promete seguridad institucional, la persecución de «corrupción masista» sin mecanismos independientes genera dudas sobre imparcialidad. Temporalidad crítica. Los próximos seis meses resultarán decisivos. Analistas proyectan que, para lograr la estabilización macroeconómica, será necesario «un año o más», lapso durante cual confluirán presiones electorales de fin de año con expectativas defraudadas de recuperación. La coyuntura actual es, en síntesis, expresión de una crisis multidimensional con un gobierno que no tiene apoyo en los sectores sociales estratégicos, y de ahí, se le impone la necesidad de aplicar estrategias políticas que resulten en la articulación de nuevas bases de consenso con los sectores urbanos, rurales, indígenas, empresariales y populares.

[1] CIADI son las siglas del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones, una institución del Banco Mundial que ofrece servicios “neutrales” para resolver disputas entre inversionistas y Estados en casos de inversión internacional.

Referencias Citadas

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