Recesión, costo de vida, oposición política y conflictividad social latente; frente al nuevo programa económico
El primer desembolso del Fondo Monetario Internacional no es una noticia financiera aislada. Es un acontecimiento de inflexión porque conecta la crisis económica, la reorientación del modelo de desarrollo, las disputas políticas y el creciente malestar social. Su impacto no puede medirse solamente por la cantidad de dólares recibidos, sino por las relaciones y contradicciones que activa en la totalidad boliviana.
El 6 de octubre de 2026, el Banco Central de Bolivia confirmó la recepción de USD 211,3 millones, equivalentes a DEG 156,1 millones. Es el primer tramo del Servicio Ampliado del Fondo por aproximadamente USD 1.900 millones, que se ejecutará durante 36 meses. Los recursos están destinados a apoyar la balanza de pagos y fortalecer las reservas internacionales.
Un alivio financiero que no resuelve la crisis estructural
El desembolso ofrece al Gobierno de Rodrigo Paz un alivio inmediato. Mejora la liquidez externa, fortalece las reservas, reduce temporalmente las presiones sobre el dólar y envía una señal positiva a inversionistas y organismos multilaterales. Además, podría facilitar aproximadamente USD 4.000 millones adicionales provenientes de otras instituciones financieras internacionales.
Sin embargo, estos recursos no eliminan las causas estructurales de la crisis: declive de la producción gasífera, déficit fiscal persistente, baja productividad, dependencia de exportaciones primarias, insuficiente diversificación, debilidad de las empresas públicas y escasa disponibilidad de divisas líquidas.
El FMI puede proporcionar financiamiento y credibilidad externa, pero no produce automáticamente gas, alimentos, empleo, productividad ni legitimidad política. Tampoco garantiza que los recursos lleguen a los sectores productivos o mejoren inmediatamente los ingresos familiares.
Recesión e inflación. Una combinación socialmente explosiva
El desembolso llega en una coyuntura de contracción económica. El FMI proyecta una caída aproximada del 3,3 % del PIB boliviano durante 2026. Al mismo tiempo, la inflación de septiembre fue de 0,85 % mensual, alcanzó 3,88 % acumulado y 5,70 % interanual.
El transporte y diferentes bienes y servicios vinculados con el consumo cotidiano incidieron en el incremento. Esta combinación produce un efecto especialmente regresivo: mientras disminuyen la producción, el empleo y los ingresos, aumenta el costo de vida. El incremento del precio del diésel refuerza esa dinámica porque se transmite hacia el transporte, la agropecuaria, la minería, la construcción, el comercio, la logística y los alimentos.
El problema no es únicamente cuánto aumenta inicialmente el combustible. Lo decisivo es su propagación: diésel más caro → mayores costos productivos y logísticos → aumento de precios → reducción del ingreso real → menor consumo → menor actividad económica → mayor conflictividad social. Este loop reforzador puede neutralizar parte del efecto estabilizador del financiamiento externo.
El comienzo de una transición de modelo económico
El acuerdo con el FMI formaliza una transición desde el Modelo Económico Social Comunitario Productivo hacia un programa basado en disciplina fiscal, reducción de subvenciones, flexibilización cambiaria, racionalización del gasto, reformas regulatorias y mayor protagonismo de la inversión privada. No significa que el anterior modelo haya desaparecido completamente. Persisten empresas estatales, estructuras institucionales, derechos sociales, organizaciones corporativas y expectativas distributivas construidas durante casi dos décadas. Pero sus bases materiales —particularmente el excedente gasífero, las reservas y la capacidad fiscal— se encuentran debilitadas.
La contradicción fundamental aparece con claridad: el Gobierno intenta restaurar la estabilidad financiera modificando mecanismos económicos que, durante años, contribuyeron a sostener la estabilidad social.
Tuto Quiroga y la disputa por la dirección del cambio
Las críticas del líder de Libre, Jorge “Tuto” Quiroga, profundizan el aislamiento político del Gobierno. Sin embargo, su posición debe interpretarse correctamente: Quiroga no rechaza el acuerdo con el FMI. Lo considera un paso en la dirección correcta, pero tardío, insuficiente y poco transparente. Ha exigido la publicación íntegra de las condiciones, las acciones previas y los compromisos asumidos por el Gobierno. También ha cuestionado los cambios sucesivos en materia de diésel, tipo de cambio y política económica, porque generan incertidumbre entre productores y agentes económicos. Por tanto, la disputa política no enfrenta simplemente a partidarios y adversarios del FMI. Existen, al menos, tres posiciones:
- el Gobierno defiende una estabilización gradual financiada externamente;
- Libre demanda reformas más profundas, mayor transparencia y una dirección económica más definida;
- las organizaciones populares cuestionan el ajuste, la eliminación de subvenciones y el traslado de sus costos hacia trabajadores, productores y consumidores.
El Gobierno queda presionado simultáneamente por el capital económico, que exige certidumbre y reformas, y por el capital socioterritorial, que demanda protección de ingresos, combustibles accesibles y participación en las decisiones.
La movilización del 13 de octubre
Sectores vinculados a Evo Morales ratificaron el inicio de movilizaciones desde el 13 de octubre para exigir la abrogación de las medidas relacionadas con el diésel y la reorganización de empresas públicas. La convocatoria todavía no equivale a una movilización nacional efectiva. Su capacidad dependerá de que logre articular cocaleros, transportistas, mineros, campesinos, trabajadores, pequeños productores, comerciantes y sectores urbanos afectados por el costo de vida. Si esa articulación ocurre, el conflicto podría superar una protesta sectorial y transformarse en una crisis sistémica. Los bloqueos reducirían producción y abastecimiento, elevarían nuevamente los precios, disminuirían la recaudación y aumentarían la presión política sobre el Ejecutivo.
Los Tres Modos de Poder
Desde el modo de producción, el ajuste modifica los costos de energía, transporte y circulación de mercancías. Las empresas con mayor productividad y capacidad financiera podrán adaptarse; pequeños productores, transportistas y unidades informales enfrentarán mayores dificultades.
Desde el modo de apropiación, la reducción de la subvención redistribuye los costos. El Estado disminuye su carga fiscal, mientras productores y consumidores absorben una parte creciente del precio del combustible. Los grupos con acceso a dólares, crédito y capacidad para trasladar costos quedan mejor posicionados.
Desde el modo de poder, el FMI y los organismos multilaterales adquieren mayor capacidad para condicionar la agenda económica mediante metas y revisiones. El Ejecutivo fortalece temporalmente sus recursos financieros, mientras las organizaciones sociales utilizan movilizaciones, bloqueos y control territorial para disputar la dirección del programa.
El efecto contradictorio sobre el IVG
El desembolso mejora dos componentes del Índice de Viabilidad Gubernamental (IVG): recursos económicos y apoyo internacional. Pero puede deteriorar el capital político, la credibilidad comunicacional y, especialmente, el capital socioterritorial. Este último representa el 30 % del IVG. Por ello, una escalada de protestas puede tener un efecto negativo superior a la mejora producida por las reservas y el respaldo externo.
El Gobierno puede fortalecerse financieramente y debilitarse políticamente al mismo tiempo. Esta es la principal paradoja de la coyuntura.
Conclusión
El primer desembolso del FMI abre una oportunidad de estabilización, pero también institucionaliza un programa económico cuyos costos económicos y sociales se están distribuyendo – con mayor impacto – en los sectores sociales populares. El desafío no consiste solamente en cumplir metas fiscales, recuperar reservas o atraer inversión. Consiste en evitar que la estabilización financiera se construya mediante recesión, pérdida de ingresos y fragmentación socioterritorial.
La viabilidad del Gobierno de Rodrigo Paz dependerá de su capacidad para transformar el financiamiento externo en abastecimiento, producción, empleo y protección social. Si no lo consigue, el loop dominante será: ajuste → inflación y recesión → protesta → bloqueos → mayor crisis económica → nuevo ajuste.
El FMI puede proporcionar oxígeno financiero. Pero la estabilidad política dependerá de quién respire mejor con ese oxígeno y quién termine pagando el costo de la recuperación.
Prof. Edgar Rau – TuProfeRau
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